Derecho Civil

Sí. Desde el 3 de abril de 2025 (Ley Orgánica 1/2025), en la mayoría de los asuntos civiles y mercantiles hay que acreditar un intento previo de acuerdo —negociación entre abogados, mediación, conciliación u oferta vinculante— antes de demandar. Si no se hace, la demanda no se admite. Quedan fuera, entre otros, algunos procesos de familia con menores y la tutela de derechos fundamentales.

Si la deuda está documentada (facturas, contrato, mensajes, reconocimiento de deuda), el proceso monitorio es la vía más rápida y no tiene límite de cuantía; por debajo de 2.000 euros puede presentarse incluso sin abogado ni procurador. Si el deudor no paga ni se opone, se pasa directamente al embargo. Si se opone, el asunto se resuelve en juicio verbal (hasta 15.000 euros) u ordinario.

Depende de la acción. Como regla general, las reclamaciones derivadas de contratos prescriben a los cinco años; la responsabilidad extracontractual (daños causados por otro), al año; los vicios ocultos en una compraventa, a los seis meses desde la entrega. Un requerimiento fehaciente interrumpe la prescripción, por eso conviene actuar pronto.

La Ley de Ordenación de la Edificación hace responsables al promotor, constructor y técnicos: diez años por defectos estructurales, tres años por defectos que afectan a la habitabilidad (humedades, aislamiento, instalaciones) y un año por defectos de acabado. Desde que aparece el daño hay dos años para reclamar. Un informe pericial temprano es clave.

Se puede presentar una demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas en el mismo procedimiento. El inquilino puede evitar el desahucio pagando todo lo debido una sola vez (enervación), salvo que se le haya requerido el pago antes. Para viviendas, el juzgado puede tener en cuenta la situación de vulnerabilidad, lo que puede alargar los plazos.

El inquilino tiene derecho a prorrogar el contrato hasta cinco años si el propietario es una persona física, o siete si es una empresa, aunque se pacte un plazo menor. La fianza legal es de una mensualidad y las garantías adicionales no pueden superar dos mensualidades más. Los alquileres de temporada y de local se rigen por reglas distintas.

Puede pedirse pasados tres meses desde la boda. Si hay acuerdo y no hay hijos menores, puede formalizarse ante notario; si hay hijos menores o no hay acuerdo, se tramita en el juzgado. Los tribunales españoles suelen ser competentes si los cónyuges residen en España, aunque sean extranjeros, y se puede elegir la ley aplicable. Conviene revisar también el régimen económico del matrimonio.

Lo primero es reunir pruebas: intervenciones de la Policía Local con medición del ruido, testigos, un informe acústico y, si los hay, informes médicos. Después, el presidente de la comunidad debe requerir al vecino que cese. Si persiste, la junta puede autorizar una acción de cesación (art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal): el juez puede ordenar el cese, una indemnización y privar al infractor del uso de la vivienda hasta tres años, o desalojar al inquilino. Si la comunidad no actúa, usted puede reclamar por su cuenta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no proteger a vecinos de Valencia frente al ruido.

Desde abril de 2025, para abrir un nuevo piso turístico en un edificio hace falta la aprobación expresa de tres quintas partes de los propietarios. La comunidad también puede, con la misma mayoría, limitar o condicionar esta actividad o fijar un aumento de la cuota de gastos. Las viviendas turísticas que ya funcionaban legalmente antes conservan, en principio, su situación.