Derecho Administrativo

Depende de si hay motivos sólidos para recurrir. En las multas de tráfico, pagar en los 20 días naturales siguientes a la notificación reduce el importe un 50 %, pero supone renunciar a alegar. En otros procedimientos sancionadores, el pago voluntario y el reconocimiento de la responsabilidad pueden dar derecho a reducciones del 20 % cada una. Antes de pagar conviene revisar si la notificación, la prueba o la tipificación tienen defectos.

Contra una resolución expresa, el recurso de alzada o de reposición se presenta en el plazo de un mes, y el recurso contencioso-administrativo, en dos meses. En materia tributaria, el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa también tienen un plazo de un mes. Si la Administración no responde (silencio), en la mayoría de los casos esos plazos no corren en su contra.

No lo ignore: el plazo para contestar suele ser de diez días hábiles y no responder puede acarrear una sanción. Analizamos qué pide exactamente Hacienda, qué documentación conviene aportar y cómo presentarla. Recuerde que, en general, Hacienda solo puede revisar los últimos cuatro años.

Las sanciones administrativas no se pueden ejecutar hasta que sean firmes en vía administrativa, y las sanciones tributarias recurridas quedan suspendidas sin necesidad de garantía. Para las deudas tributarias y otras liquidaciones, en cambio, hay que solicitar la suspensión y, normalmente, aportar una garantía; si no, se pueden exigir con recargos.

Sí, a través de una reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento o al organismo responsable. Hay que demostrar el daño y su relación con el mal estado del servicio público: fotos, testigos, informes médicos. El plazo es de un año desde el accidente o desde que se estabilizan las lesiones.

En la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento dispone de quince años desde la terminación de las obras para ordenar la restauración de la legalidad urbanística; en suelo no urbanizable protegido no hay plazo. Muchas obras pueden legalizarse si son compatibles con el planeamiento. Antes de comprar una vivienda, conviene comprobar su situación urbanística.

En la Comunitat Valenciana hay que inscribir la vivienda en el Registro de Turismo, con un informe municipal de compatibilidad urbanística, y desde el 1 de julio de 2025 obtener además el número de registro único estatal, obligatorio para anunciarla en plataformas. En edificios de viviendas, la comunidad de propietarios debe aprobarlo por mayoría de tres quintos. Muchos municipios han limitado nuevas licencias, por lo que conviene consultarlo antes de comprar.

En el contencioso-administrativo, por regla general, quien pierde paga las costas de la otra parte, aunque los tribunales suelen limitarlas a una cantidad moderada. Por eso analizamos con usted las posibilidades reales antes de demandar. En muchos casos, un buen recurso en vía administrativa resuelve el problema sin llegar a juicio.