El imparable desarrollo tecnológico ha hecho que los gobiernos de los distintos países tomen diferentes caminos a la hora de regular la innovación, una tarea transversal que, sin duda, impacta en el uso de los datos y en las patentes. La Unión Europea presentó a principios del pasado mes de febrero su estrategia de datos y las opciones estratégicas destinadas a garantizar un desarrollo de la inteligencia artificial centrado en el ser humano.

   Asimismo, en septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Reino Unido emitió una Sentencia que abordaba uno de los mayores dilemas que a día de hoy se le plantea a la inteligencia artificial (IA): la ética. En efecto, meses antes a la emisión de la citada Sentencia, un ciudadano interpuso una demanda a la policía de Bridgend, en el sur de Gales, por usar sin su consentimiento un sistema de reconocimiento facial automático, que no es más que una tecnología de videovigilancia inteligente.

   La Sentencia en cuestión confrontó y correlacionó algo tan íntimo como el derecho al respeto del individuo a la privacidad de su vida familiar y un fin legítimo como es el de proteger a la comunidad, considerando la misma que la policía no utiliza esta tecnología de manera desproporcionada. ”Uno de los puntos clave en cualquier normativa sobre inteligencia artificial son las cuestiones éticas relacionadas con los derechos humanos, como se pueden dar en el ámbito de la salud, sobre cuestiones raciales o, como en este caso, en la protección de la ciudadanía», explica Eduardo García, socio de Clifford Chance. En este sentido, el experto señala que, aunque cualquier tecnología inteligente es «transversal», los dilemas que plantea el uso de datos, su almacenamiento e intercambio transfronterizo y su borrado «están presentes en cualquier normativa sobre Inteligencia Artificial”.

   Al menos así lo refleja el Informe Riesgos de lInteligencia Artificial: ¿qué oculta 2020?, elaborado por el bufete británico, que repasa la regulación e iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial de cada país. «Todos los Estados muestran preocupación sobre cómo abordar la responsabilidad en los incidentes provocados por la IA», señala García. Asimismo, el socio de Clifford explica cómo, en algunos ámbitos, no existe un criterio uniforme. En efecto, ”Francia permite patentar productos creados por sistemas inteligentes, mientras que Reino Unido exige que el inventor sea siempre humano». Las diferentes interpretaciones también están vinculadas al desarrollo tecnológico de cada país. Así, como señala el informe, Hong Kong, Singapur y algunas países de Oriente Medio han diseñado normativa específica sobre Inteligencia Artificial.

   Por su parte, y al hilo de lo anterior, la Unión Europea ha presentado recientemente su Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial en el que propone un marco para su desarrollo de una manera fiable «basado en la excelencia y la confianza». Según ha explicado la Comisión, «son necesarias normas claras, que aborden los sistemas de Inteligencia Artificial con un elevado nivel de riesgo sin suponer una excesiva carga para los que entrañan unos riesgos menores”; añadiendo, lo que ahora pretende es «movilizar recursos a lo largo de toda la cadena de valor y crear los incentivos apropiados para acelerar la implantación de la IA, también entre las pequeñas y medianas empresas. Para ello será también necesario colaborar con los Estados miembros y la comunidad investigadora, con el fin de atraer y retener el talento”.